REFICAR Así fue la feria de adiciones multimillonarias $12 billones

Desde servicios de aseo y alquiler de andamios hasta atención en salud forman parte del expediente de sobrecostos en contratos para modernizar la refinería
• La obra terminó costando unos $12 billones más de lo proyectado.
La tormenta causada por los sobrecostos de la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) no cesa. Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) señalara que se realizaron 2.640 contratos para su ejecución, también puso en el ojo del huracán a 27 compañías que tenían contratos con adiciones “escandalosas” por más de 500%.
   EL primer estudio que publicó la CGR para conocer cuáles fueron los montos de estos acuerdos e identificar quiénes están detrás de estas empresas. 
   Hay que empezar por contar que Reficar firmó 2.390 contratos, hizo 717 adiciones en recursos y 1.052 subcontrataciones. 
   La mayor cuantía correspondió al contrato con CB&I, por $6,47 billones, mientras que el mayor número de acuerdos los firmó con Ernst &Young (35), por $2.215 millones. 
   En cuanto a adiciones, CDI S.A., encargada de obras mecánicas, acciones de desmantelamiento y de instalaciones, tuvo 16 ampliaciones que le representaron en total $25 mil millones. 
   Hay que agregar que, en estos casos, los servicios y productos adquiridos también se destinaron a la antigua planta. 
   CB&I. La firma extranjera Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) es foco del debate, pues estuvo a cargo de las obras de ingeniería, compras y construcción de la nueva planta. 
   En su informe, la Contraloría muestra que ejecutó 316 contratos (en pesos, dólares y euros), en los cuales se realizaron 977 adiciones y se vincularon 228 subcontrataciones. 
   CB&I, con sede en el sector industrial de Mamonal en Cartagena, tiene como representante legal a Richard Chandler JR, y Supersociedades reportó que en 2014 tuvo ingresos por $1.247 millones. 
   Entre los subcontratistas de la firma, uno de los casos más polémicos corre por cuenta de Andamios y Anderson de Colombia SAS, con quien se concretaron seis convenios y 25 adiciones del contrato que representaron $327.810 millones. 
   En uno de esos seis compromisos, hubo una adición de 37.582%: el pago inicial era de $22,8 millones y terminó en $8.615 millones (ver listado de empresas). 
   Andamios Anderson de Colombia tiene como actividad el alquiler de maquinaria, equipos, bienes en el sector; su sede está en Bogotá y su representante legal, según balances generales de 2014 de la Supersociedades, es Giovanni Iannone Santana. 
   Esta empresa logró en 2014 ingresos por $104 mil millones y Iannoe Santana aparece, además, desde julio del año pasado, como contratista "calificado" por el Gobierno Bolivariano de Venezuela y propietario con una participación accionaria de 25% de la Fábrica de Engranajes Nacionales y Construcciones S.A. que alquila maquinaria de minería y perforaciones de pozos. 
   Otra de las empresas que aparece en el estudio de la Contraloría es Equipos y Transporte, que entra en el top 5 de las compañías con las que CB&I firmó más contratos. Esta es una compañía tiene su sede en Cartagena y su representante legal es Jorge Roa Borresen que ha realizados obras civiles con el Estado. 
   Equipos y Transporte tuvo, según la CGR ,15 contratos, 32 adiciones que representaron $73.466 millones, $52.865 millones más que lo que ingreso la empresa en 2014 ($20.601 millones) ante Supersociedades. 
   En uno de los 15 acuerdos,  se evidenció una adición de  2.259%, al pasar de $125 millones a $2.948 millones. 
   Las empresas con más adiciones como subcontratista de CB&I es GMP Ingenieros S.A.S. que pactó, según la CGR, 73 de 14 contratos y recibió por ello $128.989 millones. El gerente de esta firma de ingeniería con sede en Mamonal, en Cartagena, es Gustavo Martínez Petro. 
   La denuncia de la Contraloría pone en el centro de la investigación a estas empresas, algunas de las cuales fueron contactadas por EL HERALDO y varias anunciaron que mañana lunes se pronunciarán. 
   Transporte Calderón S.A, que aparece entre el grupo de empresas subcontratas por CB&I, ya se pronunció asegurando a través de su gerencia general que sus "actuaciones han estado conforme a la Constitución y la ley" y están "dispuesto a acudir a la autoridad que nos requiere". 
   Sodexo S.A., a su vez, afirmó que este lunes esperan pronunciarse. La empresa que se dedica a actividades administrativas y de apoyo a otras empresas y tiene como sede principal en Bogotá, también aparece en el informe como una de las empresas con altas adiciones. La CGR precisa en sus hallazgos que la subcontratistas de CB&I firmó un contrato de $145 millones, pero al final recibió $3.055 millones, gracias a un aumento de $2.909 millones. La variación fue de 2.006%. 
   Desde Bogotá, Alejandro Bayona, del departamento de comunicaciones de Sodexo, precisó que el vocero de la compañía estaba fuera de la ciudad y solo el lunes entregaría alguna información. 
   El Grupo Sala, al cual pertenece Aseo Urbano de la Costa, empresa de servicio público de Cartagena, precisó que el vocero que hablaría sobre el documento de la Contraloría sería el gerente general en la capital de Bolívar, Augusto Mainero. 
   Aseo Urbano de la Costa tuvo un contrato de $40 millones y recibió un pago de $8.407 millones. La variación fue de 20.918%. EL HERALDO lo contactó a su teléfono personal en varias oportunidades, pero no respondió a las llamadas. 
   Explanaciones y Construcciones también tuvo un contrato de $1.909 millones y recibió un pago, según la Contraloría, de $25.772 millones con un adicional de $23.863 millones. 
   Esta empresa de ingenieros y contratista con oficinas en Cartagena, de actividad para el movimiento de tierras, alquiler de equipos para construcción, se negó a entregar el nombre de su representante legal y aseguraron que este lunes podían referirse al informe.
   La importancia de la Refinería - La completa entrada en operación de la refinería, que está prevista para marzo próximo, le significará al país sustituir importaciones, que en la actualidad representan comprar en el exterior 80% de su materia prima. Con su puesta en funcionamiento, también se duplicará el procesamiento de Reficar. La compañía tuvo una proyección de aportar a la producción manufacturera nacional 5,5 puntos porcentuales de crecimiento adicional en el último trimestre de 2015, y 6,4% al crecimiento de 2016. Los especialistas consideran que este efecto traducido en términos del PIB total, dará un crecimiento adicional de 0,6%. 
   ¿Quién responderá? Por la “feria de contratos” que se dio en Reficar tendrán que poner la cara varios funcionarios del Gobierno y directivos de Refinería y Ecopetrol. Desde que el Gobierno publicó dos Conpes en 2004 y 2005, para plantear el desarrollo de la modernización de la planta, han pasado por el Ejecutivo cinco ministros de Minas y Energía, tres presidentes de la Reficar y dos presidentes de Ecopetrol, bajo las administraciones de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (Ver infografía). 
   El exministro Luis Ernesto Mejía (2002-2006) fue uno de los que más conoció el proceso, pues estuvo al frente de la cartera cuatro años. En ese perido, fue pieza importante para formular la enajenación de 51% de la participación del Gobierno en Reficar a la multinacional Glencore, en 2006 (año en el que asume Hernán Martínez como nuevo Minminas). La transacción que se firmó por US$630,7 millones fue polémica porque en 2008 Glencore anunció su salida del país y Ecopetrol recompró en 2009 las acciones por US$549 millones. 
   Para el contralor general Edgardo Maya, estos movimientos fueron resultado de la escogencia de un socio estratégico que no tenía experiencia suficiente para ejecutar el proyecto. 
   Desde la administración de Reficar, el proceso estuvo en manos de su presidente, Richard Cohen, quien fue reemplazado en septiembre de 2009 por Orlando Cabrales Martínez. 
   En cuanto a la venta y recompra de las acciones de Reficar a Glencore, a la cabeza de Ecopetrol se encontraba Isaac Yanovich, quien llegó a la petrolera en 2002 y salió en 2007, cuando fue reemplazado por Javier Genaro Gutiérrez. 
   Es decir que por las manos de Yanovich también estuvo la celebración (2007) del contrato con CB&I, para el desarrollo de las obras de construcción que, inicialmente, se habían pactado para diciembre de 2012. Junto al directivo estuvo el exministro Martínez. 
   Todos estos movimientos estuvieron bajo la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez. - Edwin Castaño, secretario de comunicaciones de la USO, señaló recientemente que la selección de CB&I fue perjudicial para la ejecución del proyecto, porque “no tiene experiencia como constructores de refinerías, solamente como constructores de terminales de almacenamiento, especializados en tanques y esferas”. 
   Periodo Santos - Desde que el presidente Juan Manuel Santos llegó a la presidencia también se han tomado decisiones clave en la modernización de Reficar. Por ejemplo, pese a que se esperaba que el proyecto estuviera en 2012, las demoras se extendieron hasta 2013, año en el que la Presidencia estudió y declaró varios proyectos como “estratégicos” para la Nación, medida con la que buscan agilizar los trámites y ejecución de las obras. Entre las iniciativas estuvo la Refinería de Cartagena. 
   Durante ese año hubo dos actores desde el Minminas: Federico Renjifo y Amylkar Acosta. Desde Reficar estaba Reyes Reinoso, quien había llegado a la empresa en noviembre de 2012 (hasta la fecha) y en Ecopetrol continuaba Gutiérrez. 
   Este último estuvo al frente de la petrolera hasta el año pasado, cuando Juan Carlos Echeverry fue nombrado por la junta directiva de Ecopetrol como nuevo presidente. 
   Echeverry, el actual ministro Tomás González, Reyes Reinoso y el presidente Santos, presentaron a Colombia la nueva planta de Reficar, que empezó a encender sus motores en noviembre de 2015 y se espera que esté en completo funcionamiento en este primer trimestre. Eso, si ocurre, sería más de 13 años después de haberse autorizado su ampliación. 
   Por las demoras, y más de 2.400 contratos que se firmaron para ejecutar el proyecto, estos ejecutivos y funcionarios tendrán que rendirle cuentas a la Contraloría y al país completo.

Comentarios