La Contraloría denuncio sobrecostos en los contratos de Reficar, funcionarios, exfuncionarios, incluyendo expresidentes de Ecopetrol, de Reficar y ministros, han comenzado a buscar la manera de salvar su responsabilidad y sacarle el cuerpo al mayor peculado que jamás se haya visto en toda la historia de Colombia.
Glencore A.G. inició operaciones en Colombia, actuando fraudulentamente para que se le rebajaran los impuestos de regalías, a través de la introducción de un párrafo del artículo 27 del Código de Minas, que rebajo los impuesto a los propietarios extranjeros del subsuelo a un 0.4% mientras los otros operadores deben pagar el 15%. Esta compañía opera en el César, a través de C.I. Prodeco y Carbones de la Jagua y en La Guajira, El Cerrejón, y participando de la privatización de REFICAR, refinería de Ecopetrol en Cartagena. Glencore utiliza como directivos a ex - miembros de la fuerzas armadas, participa del carrusel de corrupción que ha dilapidado 18.000 millones de pesos en regalías del municipio de la Jagua. En el plano internacional el FBI formuló 65 cargos contra Marc Rich, dueño de Glencore y lo persiguió durante 29 años por evadir al fisco US$48 millones. Finalmente fue amnistiado por las administraciones de Bill Clinton y George Bush luego de pagar contribuciones a las campañas de sus partidos.
En 2001, la junta directiva de Ecopetrol, toma la decisión de modernizar la refinería y ampliar su capacidad a 140.000 barriles. El programa de modernización se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, donde es establece que su financiación debe hacerse con la mayor participación privada.
Se cuestionó la inconveniencia de vender el 51 % de la Refinería de Cartagena. En un debate en la Comisión 5ª se sostuvo que era “un pésimo negocio en donde el Estado llevaba las de perder” y advertían que la suiza Glencore “no tenía experiencia en refinación, una actividad rentable y de poco riesgo en la industria petrolera”. Demostrando hasta la saciedad que Ecopetrol tenía el músculo financiero y la capacidad técnica para acometer directamente la ampliación y modernización de la segunda refinería del país y la única ubicada en puerto marítimo.
En octubre de 2006, el presidente de Colombia, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, Luis Ernesto Mejía Castro, Ministro de Minas y Energía e Isaac Yanovich Farbaiarz, presidente de Ecopetrol, le impusieron al país el nefasto contrato de venta del 51% de la Refinería de Cartagena a la multinacional Glencore. El contrato obligaba a esta multinacional de la minería a financiar en la misma proporción la modernización y ampliación de este estratégico complejo industrial. La negociación del 51% se tasó en 658 millones de dólares y la inversión que Glencore se comprometió a hacer en el denominado Plan Maestro de Cartagena se estimaba en 1.400 millones de dólares, aproximadamente la mitad del costo total.
En ese entonces, la refinación le representaba a Ecopetrol el 65% de sus ingresos, pero la mayoría de los miembros de la comisión acogieron los cuestionamientos con escepticismo y porque respaldarlos implicaba el riesgo de perder las gabelas y la burocracia que se les ofrecía tanto en Ecopetrol como el gobierno.
Ecopetrol no tenía entonces dificultades ni mucho menos apuros económicos. Al contrario, era una empresa muy bien posicionada en el mercado mundial y la venta de la refinería a Glencore, se hizo por imposición del presidente de la época.
Ecopetrol por entonces, anunciaba millonarias inversiones en una refinería en Centroamérica y destinaba recursos para exploración en Perú, Brasil y el Golfo de México. ¿Luego entonces, Si hay tanta experiencia en Ecopetrol, para qué salir de Reficar?
Una vez se hizo el negocio en 2006, Glencore recibió todo tipo de exenciones tributarias y la Refinería de Cartagena fue declarada zona franca para facilitarles sin el pago de aranceles la importación de mercancías. Incluso, recibió subsidios del presupuesto nacional, como productor de combustibles, por más de US$300 millones.
La negociación le cayó como anillo al dedo al ministro Martínez Torres, amigo de las transnacionales, expresidente de Intercor, filial de Exxon Mobil para el desarrollo del complejo minero carbonífero del Cerrejón Zona Norte, quien era propietario de algunas minas de carbón y muy allegado a la Glencore. Hernán Martínez Torres, ingresó al gobierno como ministro de Minas y Energía, luego de ocupar importantes posiciones en Atunec S.A., Exxon Mobil Colombia S.A. e International Colombia Resources Corp. Salió del gobierno en 2010 y pasó a ocupar la presidencia de Medoro Resources, compañía canadiense dedicada a la extracción de oro, acusada en Colombia de explotar comunidades campesinas e indígenas. En noviembre de 2015 con el exdirector de Ingeominas, Mario Ballesteros Mejía, fue condenado por la Contraloría por detrimento patrimonial y obligado a devolver $60.029 mil millones por modificar el cálculo de regalías en un contrato de Prodeco, empresa de propiedad de Glencore, dedicada a la explotación de carbón.
El 16 de febrero de 2009, tres años después, Glencore anunció que no podía cumplir con los compromisos adquiridos y que deshacía el contrato. La seguridad jurídica, que invoca el gobierno para garantizar a las multinacionales los leoninos negocios, pero cuando son ellas las que incumplen, como es el caso, entonces los miembros del gobierno corren presurosos a darles la mano y a conciliar los intereses nacionales. El ministro Hernán Martínez, presenta como gran trofeo la noticia que a la multinacional se le reembolsarán 549 millones de dólares de los 658 del negocio inicial. Dice también que la refinería vuelve a manos de Ecopetrol y parte sin novedad. Los inversionistas extranjeros se retractan de lo pactado y Colombia no puede exigir seguridad alguna ni sanción por los incumplimientos. Somos el paraíso para el pillaje del capital extranjero.
Como socia de la refinería, Glencore venía participando desde octubre de 2006 de las utilidades de la misma, cuyo margen de rentabilidad neto por cada uno de los 75.000 barriles diarios refinados era en 2006 de 2.35 dólares. Lo que no dice el ministro Martínez es que de los 658 millones de dólares aportados por la multinacional se debe descontar su participación en las utilidades generadas desde octubre de 2006 hasta febrero de 2009, el senador Hugo Serrano Gómez la calculaba en 300 millones de dólares. El margen bruto de utilidad de los años 2006, 2007 y 2008 fue de 6.09, 7.45 y 3.14 dólares, respectivamente. Hechas esas cuentas, de seguro que no resultará ser tan buen negocio haberle pagado 549 millones por reversar la propiedad a Ecopetrol y menos todavía con el incumplimiento de la asociada, que se negó a hacer los aportes pactados para la ampliación y modernización.
El 27 de mayo de 2009, Ecopetrol volvió a quedarse con la refinería mediante una fórmula que le permitió readquirir el 51 % de las acciones compradas en subasta pública por la Glencore, pagándole, además a la transnacional US$200 millones invertidos en Reficar, y de paso la salvó de cancelar cláusulas penales por incumplir los contratos y le limpió su pasado para continuar con el resto de sus negocios en Colombia.
El Gobierno fue permisivo con la Glencore, pues le facilitó todo tipo de maniobras, desde cuando ganaron la subasta pública en 2006, en virtud a los ofrecimientos que hicieron, dejando a los demás proponentes por fuera del negocio. Aunque el contrato derivado del proceso es ley para las partes, los funcionarios colombianos se hicieron los de la vista gorda.
En 2007 la compañía norteamericana Chicago, Bridge and Iron (CB&I) se encargó de la ampliación de la refinería por cuenta de la Glencore. El costo total anunciado por la época fue de US$2.700 millones, que poco a poco fue creciendo, hasta llegar a US$4.500 millones al recibir Santos el mandato en 2010 y se cambió la modalidad del contrato a gastos reembolsables. Un año más tarde, se modifican las condiciones de contratación con CB&I y el contrato EPC “llave en mano”, se cambia por uno de costos reembolsables (CR) “Usted gaste, yo pago”.
El costo de la reconstrucción de la refinería sobrepasa los US$8.000 mil millones de dólares (más de $24 billones) y los sobrecostos podrían ser superiores a los US$4.000 mil millones ($12 billones) por lo cual deben responder: los gobiernos de Vélez y Santos, sus ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry (presidente de Ecopetrol), Oscar Iván Zuluaga, Mauricio Cárdenas, Alberto Carrasquilla, los ministros de Minas, Luis Ernesto Mejía Castro, Hernán Martínez Torres, Tomás González Estrada, Carlos Rodado Noriega, Federico Rengifo Vélez, Amílkar Acosta Medina y los presidentes de Ecopetrol Isaac Yanovich y Javier Gutiérrez Pemberty; así como los directivos de Reficar.
Cuando se está en el servicio público se peca por acción o por omisión y todos estos funcionarios lo hicieron en materia grave y le provocaron un detrimento patrimonial al Estado. Pues entonces que le respondan a los colombianos como debe ser.
Ojalá que estos hechos no queden como siempre en simples denuncias, recriminaciones entre los gobernantes, un escándalo sin repercusiones legales y que a la larga seamos los colombianos quienes paguemos en impuestos disfrazados el costo de la corrupción rampante.
Las preguntas que hay que responder son las siguientes:
1ª ¿Por qué se aceptó reemplazar el contrato EPC por uno CR que trasladaba los riesgos de construcción del constructor al propietario del proyecto?
2ª ¿Por qué cuando Glencore decide retirarse, Ecopetrol, en lugar de buscar otro socio líder para el proyecto, decide asumirlo en su totalidad?
Estas son las preguntas fundamentales pues las decisiones que se tomaron en cada caso suponen un cambio de fondo en la orientación de la política gubernamental en el sector de hidrocarburos, que se había adoptado en 2003 con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encargada de la gestión de los recursos petroleros, y la transformación de Ecopetrol en sociedad por acciones dedicada exclusivamente a las actividades industriales y comerciales del sector. El proceso de transformación de Ecopetrol en una empresa sometida a las reglas del mercado se consolida con la apertura de su capital a la inversión privada en 2007 y en 2011. La decisión de acometer el proyecto de REFICAR con la participación mayoritaria de un socio privado estaba en línea con esa política. También era coherente con ella la modalidad de contratación inicialmente adoptada.
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