By Óscar Montes. Con la
corrupción en Colombia acontece como con las Matrioshkas, esas populares
muñecas rusas que van saliendo una dentro de otra y que por momento se tiene la
impresión de que son infinitas, pues nunca dejan de aparecer mientras sacamos y
sacamos muñecas, cada una más pequeña que la anterior. En nuestro país -a
diferencia de lo que ocurre con las muñecas rusas- la Matrioshka que va
saliendo no es más pequeña, sino más grande que la que la precede, o al menos
así lo consideran las autoridades, como si en realidad un caso de corrupción
fuera más grave que el anterior.
Para la Fiscalía General, por ejemplo, el
desfalco a la Refinería de Cartagena (Reficar), es más grande que el pago de
sobornos y coimas por parte de la multinacional brasileña Odebrecht a
funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, para que
sacaran adelante aquellos proyectos donde dicha empresa tenía intereses.
Odebrecht es la misma compañía que financió las campañas presidenciales de Juan
Manuel Santos Calderón y Óscar Iván Zuluaga, en 2014, como lo admitió el propio
fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien afirmó que “no hay duda alguna
de que dineros de Odebrecht llegaron a ambas campañas”.
En el caso de Reficar, el monto del fraude
ascendió a 610.000 millones de pesos. Se trata de una cifra astronómica y de un
hecho grave. Tan grave que la Fiscalía llamó a imputación de cargos por cuatro
delitos a altos directivos de la empresa, entre ellos, sus ex presidentes,
Orlando Martínez Cabrales, y Reyes Reinoso Yáñez. Otros altos directivos de
Reficar, Ecopetrol y CB&I también fueron vinculados al proceso por el
organismo investigador. Uno de los delitos que la Fiscalía les endilga es el de
enriquecimiento ilícito.
Llegar a estas conclusiones le llevó a la
Fiscalía General 10 años, que es el tiempo que duró la ejecución del proyecto
más importante de la Región Caribe en las últimas décadas. Al proyecto se sumó
Glencore con el 51 por ciento de la composición accionaria y Ecopetrol se quedó
con 49 por ciento. La responsabilidad de la construcción de la Refinería fue
asignada en 2007 a CB&I. En 2009 -luego del retiro de Glencore, que alegó
falta de recursos para continuar con la obra- Ecopetrol compró su parte y
suministró 3.460 millones de dólares para ampliar la Refinería.
A partir de esa operación -también
investigada por la Fiscalía General, así como por la Contraloría General-
ocurrieron una serie de irregularidades, entre ellas las firmas por parte de
Ecopetrol y CB&I de dos contratos bajo la modalidad de “costos
reembolsables”, que habrían violado las leyes vigentes y los Conpes de 2004 y
2005, según la Fiscalía. En 2012 el ambicioso proyecto recibió otra cuantiosa
inyección de capital por 8.456 millones de pesos con el fin de que las obras
pudieran terminarse, pues la parálisis parecía inminente.
Toda esa suma de eventualidades,
irregularidades y hasta ilegalidades fueron puestas al descubierto por la
Fiscalía General y la Contraloría General. Con base en las investigaciones, la
Fiscalía decidió imputarle cargos a los ocho altos directivos: Orlando Cabrales
Martínez, Reyes Reynoso (venezolano), ex presidentes de Reficar; Felipe Laverde
Concha, vicepresidente jurídico de Reficar; Pedro Rosales Navarro; Nicolás
Isacksson Palacios; Philip Kent Ashserman y Massoud Deidehban, de CB&I. El
último en ser vinculado a la investigación es Carlos Alberto Lloreda, revisor
fiscal de Reficar entre 2013 y 2015.
Aunque no hay duda alguna de que el monto
del fraude a Reficar es superior a los aportes hechos por Odebrecht a las
campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, es un error presentar los casos
como uno más grave que el otro: ambos son gravísimos y ambos ameritan
investigaciones a fondo, hasta llegar a las últimas consecuencias, “caiga quien
caiga”, como en su momento afirmó el entonces vicepresidente, Germán Vargas
Lleras.
El hecho de que los sobrecostos de Reficar
superen 18 veces la plata que Odebrecht pagó en sobornos y coimas a
funcionarios del Gobierno y en aportes a campañas presidenciales, no puede
llevar a los organismos de control y a la Fiscalía General de forma especial, a
la conclusión de que uno es más grave que otro, pues esa categorización sólo
contribuye a banalizar las investigaciones y a bajarle el tono a una de ellas
en detrimento de la otra.
La corrupción es una sola, pues lo que se
reprocha es la acción y no el monto de la misma, aunque esta última sirva para
establecer penas y condenas, desde el punto de vista legal. No puede haber
“corrupción buena” y “corrupción mala”. O “corrupción grande” y “corrupción
pequeña”. Hay corrupción a secas. Nadie es medio corrupto, de la misma manera
que no existe el “medio embarazo”: o se está o no se está embarazada.
¿Por cuenta del monto del desfalco, es más
grave Reficar que Odebrecht? Si ello es así, también se podría concluir que
Odebrecht es muchísimo más grave que Reficar, pues comprometió dos campañas
presidenciales, una de ellas la del actual presidente de la República, que es
quien define la suerte de cualquier cantidad de proyectos que a diario se definen
en el país, entre ellos el de Reficar.
Los tentáculos de Odebrecht se extendieron a
lo largo y ancho de América Latina, hasta el punto de que por lo menos tres
expresidentes deberán rendir cuentas sobre la presunta receptación de dineros
irregulares de Odebrecht: Lula Da Silva y Dilma Rousseff de Brasil y Felipe
Toledo de Perú, mientras que otros están siendo investigados para precisar su
comprometimiento en esos hechos de corrupción.
En el caso de Colombia, las investigaciones
por Odebrecht deben continuar sin pausa alguna y hasta sus últimas
consecuencias. No hacerlo, es darle cabida a versiones y especulaciones que
ponen en duda la imparcialidad y objetividad de la propia Fiscalía General,
como aquella según las cual “con Reficar el Gobierno pretende tapar Odebrecht”.
Esas aseveraciones son las que terminan minando gravemente la credibilidad y el
prestigio de una entidad como la Fiscalía General, bastante magullados por
cuenta del funesto paso del anterior fiscal, Eduardo Montealegre, por el
organismo investigador.
En el caso de Odebrecht -que ya tiene tras
las rejas a un ex senador de la República y a un ex viceministro-, así como
vinculados de manera formal a la investigación a ex ministras y actuales
funcionarios del Gobierno, de lo que se trata de establecer es hasta dónde
llegaron sus tentáculos y quiénes se beneficiaron con sus sobornos y coimas. En
esta investigación también están involucrados organismos de otros países, como
Estados Unidos y Brasil.
¿Es más grave Reficar que Odebrecht? No, de ninguna
manera y desde ningún punto de vista. El hecho de que el monto de los desfalcos
de Reficar supere 18 veces al de los dineros pagados en sobornos y coimas por
parte de Odebrecht, no hace un hecho más grave que otro. Ambos son gravísimos.
El cáncer de Colombia es la corrupción. Punto. Ese es el flagelo social que
debemos combatir de forma implacable. De lo que se trata es acabar con el
fenómeno, no de reducirlo a sus “justas proporciones”, como diría el
expresidente Julio César Turbay Ayala. Y la mejor manera de no combatirlo y de
soslayar su gravedad es categorizando los hechos, como unos más graves que
otros. Cuando se trata de combatir la corrupción, tan corrupto es el que se
roba un bolígrafo en un supermercado, como el que roba o deja que roben
millones de pesos. Lo que se reprocha es la conducta criminal y no el monto de
la misma, aunque a la hora de establecer penas se considere -obviamente- el
monto del robo o cualquier otro tipo de circunstancias que sirvan para atenuar
o agravar las sanciones. Es por ello que mensajes equivocados, como el que
acaba de enviar la Fiscalía General, en el sentido de que entre Odebrecht y
Reficar hay uno más grave que otro, tienen un efecto demoledor en la Sociedad,
pues induce a generalizar la creencia de que hay un tipo de corrupción
permitida o socialmente aceptable. Nada más equivocado que esa percepción o
creencia.
La corrupción, ¿bandera electoral rentable? Por cuenta de
la campaña electoral que se avecina, comenzó a hacer carrera por parte de
algunos candidatos y candidatas el mensaje según el cual hay un grupo de
aspirantes impolutos y otros contaminados desde los pies hasta la cabeza. Los
impolutos se comportan como jueces implacables, capaces de señalar hasta de los
delitos más atroces a sus contradictores políticos, pero sin aportar una sola
prueba que permita demostrar que -en efecto- esa persona incurrió en todos los
delitos que le señalan. Decir -por ejemplo- que Álvaro Uribe tiene “muertos
encima”, como aseveró la precandidata del Partido Verde, Claudia López, no
puede quedarse en el simple señalamiento, que tanto gusta a la galería y que
tantos titulares de prensa le garantizan en tiempos de campaña. Si la candidata
tiene cómo probar que Uribe tiene “muertos encima”, pues debería demostrar esa
aseveración y proceder a instaurar la respectiva denuncia por esos hechos
gravísimos que le señala al expresidente y actual senador de la República. Así
se actúa de forma responsable y se hace política con seriedad y
fundamento. Lo otro es no sólo una irresponsabilidad mayúscula, sino puro
populismo electoral, que es -precisamente- una de las prácticas que López y sus
seguidores dicen combatir. La lucha contra la corrupción no puede convertirse
en un lema de campaña, cuyo fin último es escalar en la tabla de medallería,
para saber quién ganó más medallas al final.
¿Dónde están los resultados del Gobierno? No hay un día
en que el presidente Juan Manuel Santos no anuncie una nueva medida contra la
corrupción. Un día afirma que presentará un proyecto para eliminar la figura de
la “casa por cárcel” para los corruptos, otro sostiene que creará una comisión
para establecer duras sanciones a aquellas empresas del Estado con mayores
casos de corrupción. La lucha contra corrupción está, pues, en su agenda de
prioridades. Pero los resultados no se ven. Y no se ven porque no hay una
política contra la corrupción. Lo que hay son buenas intenciones y ganas de
acabar con ese flagelo. Y cuando solo hay buenas intenciones y ganas, todo se
queda en anuncios y en titulares de prensa. Los sondeos de opinión hechos a
empresarios -por ejemplo- arrojan resultados demoledores en lo que tiene que
ver con la corrupción, pues en su inmensa mayoría todos sostienen que a la hora
de celebrar contratos con el Estado, lo que más importa es tener para
responderles a aquellos funcionarios y a su tristemente célebre Cómo Voy Yo
(CVY). No hay política, además, porque en el Congreso de la República hay un
buen número de parlamentarios a quienes no les interesa tramitar leyes que
acaben con sus lucrativos negocios de poner en puestos clave a recomendados
suyos, quienes -una vez en el cargo- les responden el favor con una buena
tajada en los negocios. Esa es la razón por la cual tantas iniciativas bien
intencionadas naufragan en el Congreso de la República.
¿En qué están las “ías”? Por primera
vez en muchos años, la Fiscalía, la Procuraduría y Contraloría, están
sintonizadas en un tema, que les permita a sus cabezas más visibles ponerse al
frente de una cruzada que acabe de raíz con el flagelo de la corrupción. En
efecto, tanto Néstor Humberto Martínez Neira, como Fernando Carrillo Flórez y
Edgardo Maya Villazón, han anunciado que luchar contra la corrupción será su
principal bandera. Y eso está muy bien, dada la gravedad del asunto.
Si estos “Tres Mosqueteros”, como los llamó
la Revista Semana, no son capaces de diseñar estrategias conjuntas y estructurar
unos planes serios y viables que pongan fin a la corrupción, entonces
tendríamos que resignarnos a nuestra suerte y acostumbrarnos que el país cayera
de manera definitiva en poder de los “cacos”. La lucha contra la corrupción
requiere de tres elementos fundamentales: recursos, dientes y voluntad
política. Recursos tienen las tres y además cuentan con organismos y gobiernos
internacionales dispuestos a meterle el hombro a la causa. Dientes, tienen pero
no suficientes. Siempre hará falta tener más incisivos y muelas para meterle el
diente a la corrupción. Y voluntad política también, porque es lo que han
expresado. Ahora tienen -eso sí- que empezar a mostrar resultados contundentes.
Tomado de El Heraldo
| Es más grave Reficar que Odebrecht |
| https://opinioncaribe.com/2017 |
| No, de ninguna manera y desde ningún punto de vista. El hecho de que el monto de los desfalcos de Reficar supere 18 veces al de los dineros pagados en sobornos y coimas por parte de Odebrecht, no hace un hecho más grave que otro. Ambos son gravísimos. El cáncer de Colombia es la corrupción. Punto. Ese es el flagelo social que debemos combatir de forma implacable. De lo que se trata es acabar con el fenómeno, no de reducirlo a sus “justas proporciones”, como diría el expresidente Julio César Turbay Ayala. Y la mejor manera de no combatirlo y de soslayar su gravedad es categorizando los hechos, como unos más graves que otros. Cuando se trata de combatir la corrupción, tan corrupto es el que se roba un bolígrafo en un supermercado, como el que roba o deja que roben millones de pesos. Lo que se reprocha es la conducta criminal y no el monto de la misma, aunque a la hora de establecer penas se considere -obviamente- el monto del robo o cualquier otro tipo de circunstancias que sirvan para atenuar o agravar las sanciones. Es por ello que mensajes equivocados, como el que acaba de enviar la Fiscalía General, en el sentido de que entre Odebrecht y Reficar hay uno más grave que otro, tienen un efecto demoledor en la Sociedad, pues induce a generalizar la creencia de que hay un tipo de corrupción permitida o socialmente aceptable. Nada más equivocado que esa percepción o creencia. |
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