By Luis Alberto Correa
El proyecto Reficar jamás se ha debido llevar a
cabo, y menos con la lista de errores, horrores y contingencias sucesivas que
acompañaron la planeación, licitación y ejecución del citado proyecto. Veamos
un resumen de esta sumatoria de decisiones más políticas que técnicas.
1º El citado proyecto no respetó los
lineamientos centrales del Conpes 3313, en cuanto a la determinación de exigir
un socio mayoritario externo con experticia tecnológica en el tema de construcción
de refinerías, con lo cual se procuraba que Ecopetrol se protegiese contra
altos riesgos de pérdidas. Sin embargo, la intervención del entonces presidente
Uribe determinó la participación estatal de 49 por ciento, y la del socio
extranjero, 51 por ciento. Sería importante saber de cuál estudio financiero y
técnico procedieron esos porcentajes de participación, porque la inversión en
ciernes era de por sí muy alta y hay métodos financieros para evaluar los
riesgos y establecer los óptimos aceptables.
Además, no había claridad del diseño de la
misma y menos del costo final.
2º La información disponible de
rentabilidad del proyecto de 4,1 por ciento, consignada en el citado Conpes, no
justificaba la apertura de una licitación internacional. El análisis de
rentabilidad con escenarios de precios medios y bajos no la hacía viable.
Entonces, ¿para qué se contratan los estudios de prefactibilidad financiera, si
se hace caso omiso a los resultados? Y es un dislate justificar este proyecto
solo por el tema de empleo o del desarrollo del clúster asociado a los
derivados químicos del mismo. Deberían existir evaluaciones financieras y
económicas del costo-beneficio entre la opción de importar los citados
derivados para la industria petroquímica versus la refinación nacional.
3º No se entiende por qué en la licitación
internacional solo participaron Petrobras y Glencore, ninguna de las cuales
había construido una refinería, y en ese sentido ha debido declararse desierta
conforme al documento Conpes. Además, es claro que a través de las empresas de
consultoría internacional resultaba factible conocer cuáles empresas tenían la
experticia en construcción de refinerías.
4º Así mismo, se contrató
a CB&I para el ensamblaje, que tampoco sabía de refinerías. ¿Cómo así que
nadie cuestionó esta falta de experiencia en semejante tipo de decisiones?
5º En el 2009, Glencore se
retira atemorizada por la complejidad del proyecto con el que no estaba
familiarizada y Ecopetrol no tuvo otra opción que la recompra de su
participación con el 45 por ciento de descuento, y así evitar litigios. Sería
importante conocer si se evaluó el citado pago conforme a la extensa literatura
financiera sobre abandono en opciones reales, no puede ser argumento el interés
nacional y la elusión de un proceso litigioso para complacer un mal socio, y
menos continuar un proyecto al costo que fuera. En este sentido, tienen razón
la Contraloría y la Fiscalía de llamar a indagación a los gerentes y miembros
de las juntas directivas de Ecopetrol y Reficar, respectivamente. El que rompe,
que pague.
6º Si la diferencia en
costos entre un proyecto llave en mano y otro con el sistema de costos
reembolsables marca una diferencia de 15 por ciento, por qué se optó por el más
costoso. De un presupuesto inicial de 4.000 millones de dólares, y final de
8.000 millones de dólares, el 15 por ciento es mucha plata; fueron 1.200
millones de dólares.
7º Se justificó la
continuidad de CB&I para evitar un retraso de un año y la penalidad de 50
millones de dólares. Insisto en que esto se ha debido analizar con el método de
opciones reales.
8º Esperamos que las
investigaciones de la Fiscalía y Contraloría escudriñen los modelos financieros
que dieron lugar a la citada fe en la rentabilidad del proyecto que, según el
Conpes, era de 4,1 por ciento, y hoy, con el doble del costo es negativa.
9º La mayor parte del
proyecto fue financiado con créditos externos, cuyo costo en 15 años bordeará
los 500 millones de dólares, si el socio extranjero exigido en el referido
Conpes hubiese aportado el capital, o equity, mayoritariamente, 75 por ciento,
nos hubiésemos ahorrado ese financiamiento obligatorio y excesivo.
10º Finalmente, es claro
el lucro cesante por los retrasos del proyecto, atribuidos a una huelga laboral
y a un pequeño invierno, y resultaría pertinente estimar el costo hoy de un
proyecto de esta envergadura con sus 34 módulos, pero debe ser bastante menor a
los 8.000 millones de dólares que terminamos pagando, ya que si es cierto que
el mencionado paro laboral de la USO costó 500 millones de dólares, más los
sobrecostos, los créditos externos y demás pagos exorbitantes, se puede
concluir que resultaría 25 por ciento menos costoso.
Los colombianos queremos conocer la verdad
de esta tragicomedia y que haya responsables penalizados. Julio 13 de 2017 |
Tomado del Diario Portafolio, por Luis Alberto Correa | Opinión |La Región
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