El gobierno ha anunciado la privatización de
la Refinería de Cartagena, mediante la figura de moda del socio estratégico. La
modernización y ampliación del complejo industrial se adelantaría con un socio
que será dueño del 51% y Ecopetrol quedará entonces con el 49% y, por supuesto,
sin la operación.
Con esta decisión, el gobierno viola en
forma flagrante la palabra empeñada. El gobierno, además, pisotea el acuerdo suscrito
por el ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, el ministro de Protección Social,
Diego Palacio, y el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, por la parte
oficial, y los dirigentes de la USO, por los trabajadores, acuerdo que tuvo
como garantes a la Iglesia Católica, a la CUT y al Concejo de Barrancabermeja y
que consta en el acta de mayo de 2004 que puso fin a la patriótica huelga. En
el acuerdo, el gobierno se compromete expresamente a no privatizar a Ecopetrol
y a realizar el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena.
El Plan Maestro consiste en elevar la
capacidad de 78 mil barriles por día a 140 mil, con énfasis en materias primas
para la industria petroquímica que hoy se importan. El costo total del proyecto
es de 800 millones de dólares y se ha estado aplazando desde hace diez años por
desgreño de los distintos gobiernos.
La decisión de privatizar la Refinería,
onerosa para el país, mantiene la línea de conducta del gobierno de beneficiar
al capital trasnacional, toda vez que el proyecto es altamente rentable y no
existe justificación alguna para entregarlo a las multinacionales del petróleo.
El margen de utilidad neta por barril refinado en Cartagena fue en el 2004 de
2.35 dólares y su proyección es mayor por los precios de los combustibles, la
ubicación estratégica de la Refinería y los altos rendimientos que alcanzará
con el aumento de los volúmenes y la modernización de los procesos. Se pretexta
por parte del gobierno la falta de recursos, asunto totalmente falso, pues
Ecopetrol tiene en el FAEP (Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera) más de
1.100 millones de dólares, que rentan a menos del 2% en la banca extranjera, y
más de 400 millones de dólares en inversiones temporales no estratégicas como
los TES, dineros suficientes para financiar la totalidad de los proyectos de la
empresa en sus refinerías.
Tengamos en cuenta que las instalaciones
actuales se valoran en 180 millones de dólares y son parte de los 800 que
cuesta el proyecto. Es decir, están contados en el 49% que tendrá Ecopetrol en
la nueva empresa. Luego lo que se necesita son 600 millones. Toda la
explicación de esta antinacional conducta es el cumplimiento de las metas
fiscales impuestas por el FMI, que le niega al Estado la inversión en proyectos
productivos y coloca estas inversiones como causantes del déficit fiscal.
140 mil barriles diarios dejan, a precios de
hoy, una utilidad neta de 300 mil dólares, que el gobierno, Yanovich, Mejía y
Carrasquilla se los entregan a las trasnacionales, en claro desprecio por la
nación colombiana y su pueblo. Atentados como este nos obligan a insistir con
todas nuestras fuerzas en la construcción de una gran corriente de unidad que
movilice a los colombianos por la recuperación de la soberanía y el
establecimiento de un gobierno de nueva democracia, que nos devuelva la
posibilidad de una sociedad justa. Invito a todos los colombianos,
principalmente a la gente de la Costa Caribe, a que acompañemos a la Unión
Sindical Obrera en la defensa de la Refinería de Cartagena, haciendo sentir de
manera organizada y enérgica el rechazo a este asalto al interés nacional. Bogotá,
25 de agosto de 2005.
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