Los
dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez constituyen
un escenario ideal para la observación de este tipo de fenómeno. Tres razones
hacen del caso colombiano un escenario de investigación privilegiado de la
corrupción sistémica: primero, haber sido observado desde el enfoque de la
captura del Estado desde el origen mismo del enfoque; segundo, poseer
características de excepcionalidad, debilidad y desregulación que facilitaron
la aplicación de reformas liberalizadoras; finalmente, poseer élites políticas
y sociales que buscan en la agenda de reforma un instrumento para adaptar sus
intereses privilegiados a los de la reforma del Estado.
Si imaginamos la mesa en que se sientan el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Marcelo Odebrecht como una relación entre un sistema político y un sistema económico coludidos contra los intereses del Estado y de la sociedad en general, tenemos un sistema corruptor (figura 1.). Este sistema se alimenta de demandas (inputs) y ofertas (outputs), pero operan enteramente debajo de la mesa, a través de agentes que nunca aparecen en la foto pero que son determinantes para desarrollar los elementos ilegítimos e ilegales de las transacciones. Así como Odebretch tendió una red de relaciones orientadas a la captura de las desiciones en materia de infrestructura, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez actuó como un gobierno de captura sobre las instituciones estatales, eliminando la autonomía del Estado, y aumentando la discrecionalidad y la influecia del gobierno, incluso en los órganos de control.
La multiplicación de hechos delictivos y criminales que relacionaron actores del gobierno y políticos en general con miembros inescrupulosos de la sociedad y el sector privado empresarial, son indicativos de la existencia de un sistema corruptor que, incluso, fue útil para conseguir la reelección del mandatario. La captura, entonces, no es solo una estrategia económica dirigida por el sector privado, también es una estrategia de actores políticos corruptores en búsqueda del máximo nivel de discrecionalidad para disminuir los costos de decisiones ilegales o ilegítimas.
Si imaginamos la mesa en que se sientan el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Marcelo Odebrecht como una relación entre un sistema político y un sistema económico coludidos contra los intereses del Estado y de la sociedad en general, tenemos un sistema corruptor (figura 1.). Este sistema se alimenta de demandas (inputs) y ofertas (outputs), pero operan enteramente debajo de la mesa, a través de agentes que nunca aparecen en la foto pero que son determinantes para desarrollar los elementos ilegítimos e ilegales de las transacciones. Así como Odebretch tendió una red de relaciones orientadas a la captura de las desiciones en materia de infrestructura, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez actuó como un gobierno de captura sobre las instituciones estatales, eliminando la autonomía del Estado, y aumentando la discrecionalidad y la influecia del gobierno, incluso en los órganos de control.
La multiplicación de hechos delictivos y criminales que relacionaron actores del gobierno y políticos en general con miembros inescrupulosos de la sociedad y el sector privado empresarial, son indicativos de la existencia de un sistema corruptor que, incluso, fue útil para conseguir la reelección del mandatario. La captura, entonces, no es solo una estrategia económica dirigida por el sector privado, también es una estrategia de actores políticos corruptores en búsqueda del máximo nivel de discrecionalidad para disminuir los costos de decisiones ilegales o ilegítimas.
Como es evidente, la corrupción sistémica no
es un problema exclusivo de Colombia, su sector privado y su dirigencia
política. Sin embargo, el caso es útil para explorar y definir los elementos de
este enfoque y construir un modelo más amplio que posibilite comparar los
problemas de corrupción en la región y el mundo desde un enfoque sistémico.
Las observaciones preliminares acerca del caso colombiano, así como elementos señalados por la literatura, nos llevan a pensar en la corrupción sistémica como una degeneración de las relaciones público-privadas, mediada por la introducción de reformas que, si bien se orientan a la liberalización, generan un efecto perverso al posibilitar la colusión de intereses privados privilegiados y el poder político. En la medida que estas reformas se profundizan, estos poderes encuentran menos obstáculos para actuar en contra de los intereses de la sociedad en general, inhibiendo el desarrollo económico, social y democrático.
De esta manera es que se configura un sistema corruptor caracterizado por el debilitamiento de las instituciones del Estado; la pérdida de autonomía de los organismos de control; el fortalecimiento de las capacidades discrecionales del gobierno captor y sus agentes; la tolerancia de conductas y procedimientos ilegítimos, ilegales, e incluso criminales; y la impunidad.
Las observaciones preliminares acerca del caso colombiano, así como elementos señalados por la literatura, nos llevan a pensar en la corrupción sistémica como una degeneración de las relaciones público-privadas, mediada por la introducción de reformas que, si bien se orientan a la liberalización, generan un efecto perverso al posibilitar la colusión de intereses privados privilegiados y el poder político. En la medida que estas reformas se profundizan, estos poderes encuentran menos obstáculos para actuar en contra de los intereses de la sociedad en general, inhibiendo el desarrollo económico, social y democrático.
De esta manera es que se configura un sistema corruptor caracterizado por el debilitamiento de las instituciones del Estado; la pérdida de autonomía de los organismos de control; el fortalecimiento de las capacidades discrecionales del gobierno captor y sus agentes; la tolerancia de conductas y procedimientos ilegítimos, ilegales, e incluso criminales; y la impunidad.
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