Gobierno 2002-2010 ! A Vender ¡

El gobierno que llegó en 2002-2010, impulsó vertiginosamente las privatizaciones, trabajó por el bienestar de la minoría rica colombiana y a su partida dejará un país plagado de pobres y hambrientos sin acceso a los servicios elementales de salud, agua, educación y vivienda. Deja un país con grandes contrastes y diferencias sociales, donde las transnacionales y el gobierno de USA con sus bases militares ejercen un gran control.
Sector Energía. La energía en el Caribe colombiano la comercializa la Unión FENOSA mediante las empresas Electrocosta y Electricaribe, y el agua en Cartagena la distribuye y cobra los servicios, Aguas de Barcelona, por medio de la filial Aguas de Cartagena. 
 El Estado concluyó la venta de las empresas de electrificación de Cundinamarca, Boyacá (Ebsa), Pereira, Santander, Norte de Santander, Meta y Termocandelaria.
Sector financiero. El gobierno enajenó en octubre de 2005 lo que quedaba del antiguo banco central hipotecario. El equivalente a 98,7 por ciento del Granahorrar fue vendido por 412 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), de capital español.
  En un abrir y cerrar de ojos, el Estado vendió 12,4 % de las acciones que controlaba en el Banco Popular y la estadounidense General Electric adquirió un paquete de acciones del Banco Colpatria.
  General Electric también construye una planta para la fabricación de químicos de purificación de aguas y compró una empresa dedicada a esa actividad industrial.

  El estatal Instituto de Fomento Industrial IFI se deshizo de la parte que poseía en la Comercializadora Internacional Promotora Bananera y de 3 % que tenía en Devinorte, las cuales han pasado a las transnacionales Cargill, Masisa (madera) y Mapfre Seguros.
Industria del ocio. Como era lógico, no se podía quedar atrás en este festín de privatizaciones, y las cadenas Hyatt, Milton, NH, Marrito, Honesta y Fronpeca invierten millones en construcciones y condominios.
Sector TIC. A esta venta se suman otras enajenaciones totales o parciales, como la de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y la del banco Granahorrar. Además se anuncian nuevas privatizaciones, como la de la Empresa Colombiana de Gas, liquidaciones y fusiones.

  La venta de Telecom, realizada en abril de 2006, se basó en que el crecimiento de la telefonía móvil sacaría de uso a los teléfonos fijos. El Estado mantuvo 49 por ciento de las acciones mientras la española Telefónica Internacional SA ganó la subasta pública, al ofrecer 350 millones de dólares por 51 por ciento de las acciones.

  «Si se sindica de negociado la privatización de Telecom es porque el comprador recuperará su inversión en menos de tres años, ganará otros 400 millones de dólares por administrar la empresa y, luego de 15 años, recibirá totalmente gratis, entre otras muchas cosas 1,5 millones de líneas telefónicas».

  La privatización ha reactivado la productividad de la entidad financiera, según afirma el ejecutivo. Durante los dos primeros meses de 2006, el banco superó en 32,8 por ciento las ganancias obtenidas en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos publicados por la Presidencia de Colombia en su sitio en Internet.
Adpostal. El gobierno liquidó la empresa de Administración Postal Nacional. En enero de 2005 ya había tomado una decisión similar con el Instituto Nacional de Radio y Televisión y la entidad estatal Audiovisuales, las cuales fueron fusionadas en un nuevo organismo llamado Radio Televisión Nacional de Colombia.
Instituto de los Seguros Sociales. También anunció una reestructuración del ISS que brinda atención médico asistencial a afiliados y beneficiarios, cubre las mesadas de 650.000 pensionados y 28.000 jubilados, reglamenta las enfermedades laborales, y recauda los aportes correspondientes a los seguros sociales obligatorios.
  En Colombia todas las personas están obligadas a afiliarse a una empresa prestadora de servicios de salud, privada o pública, y a una administradora de aportes para la pensión, según lo establece la ley 100.
  Desde hace varios años el ISS atraviesa una crisis financiera, de la cual aún no ha emergido. Esta semana el ministro de Salud, Diego Palacio, presentará al Congreso legislativo un proyecto de ley para transformar al ISS en 3 empresas distintas: una dedicada a la atención médica, otra al sistema de pensiones y una más, destinada a asumir la cobertura de riesgos profesionales o seguridad laboral.
   La Munich Re controla casi todas las acciones de Inversura, un holding de salud, riesgos profesionales y seguros.
  IPS consultó la opinión del investigador y docente de la facultad de economía de la Universidad Nacional, Ricardo Bonilla.
  «Es cierto que Adpostal era una entidad totalmente ineficiente, mientras que las empresas privadas de correos están posicionadas y han demostrado agilidad y eficiencia. El caso del ISS hay que mirarlo de distintas maneras. En atención de salud, sustenta toda la carga de las enfermedades de alto costo y asume también las pensiones de un alto porcentaje de personas mayores. Otro tema es el de los riesgos profesionales, el cual sí produce ganancia. Por lo tanto para este caso, lo que se necesitaría es una reestructuración a fondo y competente».
Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Será modernizado por el consorcio colombo-suizo Sociedad Concesionaria Operadora Internacional, que durante 5 años llevará a cabo esa tarea y recibirá el beneficio de las operaciones durante 20 más. A la par que compañías estadounidenses y europeas lo hacen en el sector de la aviación para ampliar las frecuencias de destinos a Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.
  «Este es otro ejemplo de un gran negocio», «Imaginémonos la ganancia que dará el aeropuerto si de 7 millones de pasajeros al año pasa a 16 millones» «Y de 500 pasa a 2 millones de toneladas de carga anuales».
Ecopetrol. «El tema de la privatización de Ecopetrol es aún más serio», «En este caso, la venta equivale a acabar con la gallina de los huevos de oro. Porque así se agotara el petróleo en unos 5 años, como está previsto, aun así, el país necesitaría de las refinerías».
  No obstante, al contrario de las otras enajenaciones, esta venta prioriza a los sectores solidarios de la economía, como los trabajadores activos y pensionados de la empresa y los sindicatos, según lo establece la ley 226 de 1995. 
  Mientras tanto, avanza el proceso de enajenación de la empresa Ecogas, que se encarga de transportar gas natural de los campos de producción localizados en la costa Caribe y en la zona oriental al centro del país, a través de una red de gasoductos compuesta por 3.644 kilómetros de tubería. 
  Los gastos militares subieron en espiral y ya alcanzan 14 % del presupuesto nacional y triplican los destinados a la salud y la educación.
  La población colombiana no piensa que su situación cambiará mucho con la llegada del nuevo mandatario y para la mayoría, como canta Julio Iglesias, la vida seguirá igual.
  El periódico El Tiempo, de Bogotá, afirmaba en un artículo: "Hay demasiada hambre en la Colombia del libre comercio. Constituyen legiones los que todas las noches se acuestan con dolor de estómago no porque comieron mucho, sino porque no comieron nada. Son miríadas los que amanecen sin saber dónde está su desayuno o si lo conocen, también saben que será miserable".
  Los ejemplos expuestos refuerzan esa realidad: “En las tiendas de los barrios donde viven los pobres ofrecen arroz por tazas, aceite por cucharadas. Es común que tras una recolecta familiar el almuerzo que compran, por así llamarlo, se reduzca a un huevo, una taza de arroz, una cucharada de aceite y un pedazo de panetela; la receta de infinidad de madres a los hijos que sufren dolores no pasa de unas yerbas y un 'aguante, mijo'”.
  Oficialmente el gobierno reconoce que existen 20,5 millones de pobres y 8 millones de indigentes entre los 44,5 millones de habitantes en el país, mientras que organizaciones no gubernamentales como el SISBEN indican que la cifra se eleva a más de 30 millones.
  A esa dramática situación que padece la mayoría de los colombianos hay que sumarles otras que van unidas al no tener acceso a la salud, la educación, servicios públicos y viviendas tras la ola de privatizaciones llevadas a cabo durante 2002-2010.
  La distribución de las riquezas en esa nación andina se agravó en este periodo pese a que Colombia tuvo el mayor crecimiento de la economía, con un promedio de 6 % anual que cayó a mediados de 2009 debido a la crisis mundial.
  La política neoliberal llevada adelante por el gobierno ha influido en que el ingreso de 10% de la población más rica resulte 40 veces mayor que la del conjunto de los pobres. A esto se suman los desplazamientos obligados de personas efectuados por el ejército en las zonas de conflicto armado y sin otro destino que irse hacia las ciudades para sobrevivir.
  El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, al pedirle al gobierno que busque soluciones viables a la grave situación, señaló: “se trata de un cáncer que es la exclusión en términos de pobreza, personas que escasamente tienen un dólar diario para vivir y otras que tienen menos de uno, con más de 1 500 000 niños en estado de desnutrición”.
  El régimen saliente, a la par que cedió parte de la soberanía del país a USA al posibilitarle la instalación de numerosas bases militares en su territorio, las cuales amenazan la estabilidad de varios Estados de la región, también entregó en bandeja de plata las principales industrias y empresas al capital foráneo y los magnates nacionales.
   En un esfuerzo sin par para que el Congreso estadounidense aprobara el Tratado de Libre Comercio (TLC) con su país, Colombia abrió hasta el infinito las llaves de las privatizaciones, que alcanzan a todos los sectores de las finanzas, comercio, industria y servicios. Pero ese esfuerzo aún no ha dado resultado y el presidente se fue del poder sin ver su sueño realizado de imponer el TLC.


   CONCLUSIONES. El gobierno 2002-2010 ha utilizado una política económica heterodoxa que mezcla y combina elementos keynesianos y monetaristas. En Colombia existe un alto índice de pobreza e inequidad superando los promedios de los países de América Latina, la política económica del gobierno tiene como propósito mejorar el bienestar de la sociedad con los resultados obtenidos en aumento de la pobreza inequidad, hasta la fecha se podría decir claramente que el gobierno perdió 4 años de su primera gestión, esto sumado al desempleo y subempleo que niegan ingresos a la población vulnerable y por lo tanto son los responsables de la situación de miseria, la reforma laboral no dieron los frutos esperados lo único que lograron fue eliminar derechos y conquistas de los trabajadores que tardaron mucho tiempo en adquirir por la vía política y la lucha sindical. 
 1º. Política económica. El país perdió competencia y debilitó la estructura económica, se amplió la brecha entre ricos y pobres, aumentando la indigencia, vemos un país resignado, una patria boba, sometida por un puñado de poderosos que ven en el presidente su salvador y benefactor, por eso y muchos argumentos históricos y sociológicos la inconveniencia de una segunda reelección que puede ser nefasta para la democracia y la institucionalidad del estado, lo que podría tornarse en una bomba de tiempo que desencadene una guerra civil por la desigualdad y la injusticia social alimentada por procesos revolucionario de países vecinos so pretexto de una posible intervención de USA. 
 Año 2002 al 2006 la economía creció pero no hubo mejora en el bienestar de la gente pero de excelente resultado para unos pocos
 REFORMAS ECONOMICAS: Las propuestas de reactivación económica, reducción de la pobreza y la equidad social a través del gran proyecto de seguridad democrática para mejorar la eficiencia del estado se empezó con las reformas tributarias, la laboral ley 789 de reforma del estado, ley 790 la pensional, ley 797 y 860 del 2003 y las reformas tributarias que tuvo que ver en gran medida como la inversión extranjera del 2002 y 2003 leyes 788 y 862. El primer acto de gobierno fue el referendo del 91 derrotado el 25 de Octubre del 2003, iniciativa que buscaba sanear las finanzas, se proponía la reducción del congreso supresión de las contralorías departamentales y municipales y las personerías, congelamiento de los salarios públicos y la reforma pensional, todo el paquete de reformas con recomendaciones del FMI para reducir la inflación y déficit fiscal como garantía de la deuda, algunas introducidas en la reforma de Dic. de 2002; adicional a las medidas tuvo que ver en gran medida como la inversión externa, giro de remesas, el alza de los precios del petróleo y otros productos de exportación y la política monetaria sin que haya incidido en la creación de empleo.
 2º. Reforma Laboral ley 789 de 2002. Mútilo muchas conquistas laborales de los trabajadores: aumento de la jornada de trabajo, supresión de las horas extras reducción del 25% de dominicales y festivos, disminución de las tablas de indemnización por despidos injustificados en el 50%, redujo las cargas parafiscales a los nuevos empleados so pretexto de aumentar el empleo, política que no genero las expectativas de empleo en cambio se afecto el poder adquisitivo del trabajador reduciendo sus ingresos aumentando la pobreza, política que tuvo sustento en la ley 50 del año 92 los beneficiados fueron las empresas y la banca que se volvieron más competitivas a nivel internacional a costa de los trabajadores, situación que fomento el trabajo informal, trabajo de medio tiempo y el salario mínimo paso a ser un indicativo mas para la base tributaria y una realidad para un reducido número de trabajadores. 
   El desempleo se redujo en 3.7% en los 4 años, pero aumento el subempleo al 33%, año 2002 al 36% en el 2006, aumento el trabajo temporal y de medio tiempo al igual que la informalidad, situación que genera inconformidad e incertidumbre como factores generadores de violencia y pérdida de valores. Sin duda alguna la ley fracaso aumentando la pobreza. El gobierno tuvo que ampliar la cobertura de la salud subsidiada impacto negativo en la distribución del ingreso entre empresarios y trabajadores. Sin duda disminuyo el desempleo con empleo de mala calidad y mal remunerado, generando aumento de la pobreza. La ley 789 tuvo sustento en la teoría monetarista respecto del mercado laboral que fracaso, por esta razón la política económica quedo en contravía de la política social.
 3º. Ley 790 de cohesión Social: Los servicios de Salud se privatizaron al igual que las pensiones modificando en parte la ley 100, se amplió la cobertura en salud, educación y protección en la infancia a través del ICBF y programas de asistencia social, como hogares comunitarios y familias en acción, estos programas sociales han sido muy cuestionados programas de asistencia con subsidios en dinero que han generado violencia intrafamiliar por el mal uso del subsidio mal invertido que no cubre necesidades básicas y a permitido el poco interés de los beneficiarios de Familias en Acción pos buscar empleo lo que convierte el estado en un patrón paternalista, cautivando votos para una próxima reelección según conjeturas de la oposición, estos programas no han dado los resultados como mitigar la pobreza. Los recursos nunca han sido suficientes para que los programas de asistencia social lleguen a las zonas más apartadas del país.
 4º. Pensiones las reformas y leyes 797 y 860 de 2003. Aumentaron las tasas de semanas de cotización así como la edad requerida para acceder a la pensión lo que complica aún más el poder disfrutar de esta pensión cuando se tenga la edad requerida.
 Reforma pensional ley 797 de 2003 y 860 introdujo cambios sustanciales en el sistema pensional: aumento de la edad de jubilación a partir del 2014 de 55 a 57 años para las mujeres de 60 a 62 años para los hombres, aumento de la tasa de cotización, redujo la tasa del porcentaje del ingreso base de liquidación, aumentó el tiempo de cotización progresiva de 1000 semanas para el 2004 a 1300 para el 2000 15, eliminó la mesada 14 y los regímenes especiales a partir del 2010, adelantó el régimen de transición del 2010 reforma estructural fuerte que no garantiza a futuro los recursos suficientes para sostener el pago de las pensiones; es claro que el gran causante de este déficit fue causado con las reservas de la cotización de trabajadores y empleados por cuenta del desaparecido ISS y el estado que nunca devolvió los recursos que invirtió en otros rubros del gasto Se argumentaron otros factores atribuidos al pensionado sus expectativas de vida, baja cotización según el gobierno y la disminución de la población trabajadora que cotiza al sistema por el debilitamiento del ingreso per cápita y el desempleo y la informalidad y aumento de la pobreza, paradójicamente se adiciona la fuerte incidencia de regímenes especiales y las altas pensiones por encima de 20 salarios mínimos para congresistas, magistrados, militares, expresidentes, ex ministros, ex directivos del banco de la República mientras un restante 90% sólo reciben de uno a siete salarios mínimos legales sin contar con una gran mayoría que están abandonados sin este derecho fundamental. Un grupo de privilegiados encabezados por los altos funcionarios del estado la carga pensional cuesta 5.4 billones de pesos y los cotizantes aportan 2 billones, lo rendimientos generan 1.7 billones para un faltante de uno. 7 billones que debe cubrir el estado es indudable que el único responsable del déficit es el estado por el manejo inadecuado de la ley pensional y por utilizar las reservas del sistema para financiar la burocracia con títulos de deuda pública hasta ahora no reembolsables 11 billones aproximadamente.
 5º. Reformas tributarias enfatizaron en el IVA. Apoyándose en los sectores de estrato medio y bajo lo cual aumentando la desigualdad y la pobreza en el país. 
 Reforma tributaria: aumento de los impuestos para reducir el déficit y hacer sostenible el excesivo endeudamiento del sector público, aumento del ingreso y reducción de los gastos a través de reformas tributarias de impacto sobre la población media, los impuestos indirectos resultan demasiado altos para la gente de bajos ingresos por lo que resulta poco efectiva la política tributaria acudiendo a la política monetaria como única alternativa para acelerar el crecimiento. Se aumento del impuesto a la renta se amplió la base gravable para los ingresos y patrimonios superiores a 60 millones, 80 millones se redujo la extensión de impuesto para salarios, aumento del IVA al 16% para todo los productos con algunas excepciones de la canasta familiar, aumento del precio de la gasolina y licores se aumentó de manera exagerada las transacciones financieras y se eliminaron exenciones a las rentas, aumento de la res de los responsables del IVA, impuestos transitorios,10% de impuesto a la renta. Estas Reformas Tributarias no fueron suficientes para que el ministerio de hacienda solucionara el tema de las finanzas, causando gravámenes a la clase media y sectores populares; no cabe duda que hubo mucha improvisación en materia de impuestos lo que obligo al gobierno a cambiar las reglas de juego, confundiendo a los diferentes agentes económicos del país para forjar políticas de consumo, ahorro e inversión, situación que genera desconfianza viniendo del gobierno. Las reformas tributarias de la administración Uribe incrementaron los recaudos fiscales con mayores gravámenes en proporción al ingreso, el consumo y las rentas salariales, constituyéndose en un régimen tributario injusto e inequitativo contrario a las políticas económicas trazadas de justicia social. Al aumentar el IVA se disminuye el ingreso de los hogares lo cual redujo la capacidad de compra, deteriorando el nivel de vida el aumento del IVA fue justificado como un mecanismo para el pago de la deuda pública y no para incrementar el gasto social en los sectores más vulnerables de la población, convirtiéndose así el estado en un captador de recursos que solamente beneficia a los intermediarios financieros deteriorando la calidad de vida de sectores vulnerables. 
  En ese gobierno las reformas tributarias fueron encaminadas hacia un sistema de impuestos indirectos, lo cual favoreció a los grupos más ricos de la población quiénes son los que deberán pagar más impuestos. Este mecanismo de captación de impuestos de manera indirecta refleja que el régimen tributario colombiano tiene una clara incidencia en la pobreza y es altamente regresivo lo cual amplía la brecha entre ricos y pobres. Además se brindaron más exenciones y descuentos tributarios en provecho de los empresarios. Si miramos la cifra de gasto público nos daremos cuenta que una alta proporción de este se destina al pago de la deuda tanto así que en el 2000 y 2006 está fue del 33% y 35% del gasto total. Según datos de planeación nacional los intereses pagados por la deuda del gobierno ascienden a $ 13.2 billones representando el 14% del presupuesto. 
   Según estudios de la Universidad Nacional la causa del déficit no es el gasto sino el enorme crecimiento de la deuda pública, consolidándose un círculo vicioso “deuda déficit deuda” el gasto no se destino a la inversión sino al pago de los intereses de la deuda y a gastos de funcionamiento lo que afecta gravemente los recursos destinados a educación salud y vivienda. Por esto el Fondo Monetario Internacional buscó crear unas políticas de ajuste poniendo en marcha reformas estructurales para pagar esa deuda y asegurar la rentabilidad financiera del capital excedente. Otro problema consiste en la evasión y la elusión tributaria la cual llegó a representar el 3% del PIB, además de fallos administrativos y corrupción con los cuales la nación perdía igual porcentaje. Además de esto personas y empresas dejaron de pagar aportes a salud y pensión por más de $ 3.2 billones lo cual llevó a tres reformas tributarias que perjudicaron a miles de colombianos que se encuentran desprotegidos en materia de salud pensión y otros servicios sociales, es por esto que se requiere una verdadera reforma del estado que elimine la corrupción el contrabando evasión beneficios tributarios y fallas en el sistema tributario. 
 6º. Modernización del estado. Las privatizaciones que le generaron al fisco 5.8 billones y un magnifico negocio a los empresarios que negociaron a bajos precios.
 Reforma estatal tampoco ayudó a mejorar las condiciones de vida y el ingreso de los colombianos, lo único que logró fue retribuir puestos por votos. El proceso de privatización avanzó dándole enormes beneficios al sector privado en empresas como telecomunicaciones, energía, salud, transporte y agua potable.
 REFORMA DEL ESTADO: Similar a la del la administración Gaviria en 1992, reducir el déficit fiscal recortando el tamaño del estado y fusionando entidades ampliando la cobertura en salud subsidiada ley 790. Ley 790 supresión de funcionarios públicos, congelación de la nomina pensional y cuyos cargos no fueron cubiertos, eliminación de 6 ministerios fusionándolos en tres, Salud y trabajo desaparecieron por el de Protección Social y Justicia Y Gobierno Por el del Interior y la justicia comercio exterior y desarrollo por el de comercio industria y turismo, el del medio ambiente asumió el de vivienda, agua potable y desarrollo territorial, se crearon seis empresas sociales del estado, empresas de salud que reforzaron las de las redes hospitalarias ISS, fondo de vivienda para el manejo de subsidios, agencia nacional de hidrocarburos, que regula la exploración y explotación de combustibles, Colombia telecomunicaciones, servicios postales nacionales, sociedad promotora de energía, liquido: banestado, Inco e Incoder se liquidaron Telecom, IFI, Inravisión, Carbocol, Minercol, Adpostal, Foncolpuertos, Incora, Inurbe. Imat, Inpa, Dri, Ferrovías y Cajanal. Es indudable que la ley 790 de reestructuración del estado, generaron un ahorro al fisco a costa de las condiciones de vida de los trabajadores despedidos, si bien fueron indemnizados esos ingresos mal invertidos no generan ingreso sostenible que inexorablemente lo lleva a una debilitada y precaria existencia y disminución del bienestar de muchos trabajadores que no estaban preparados para un cambio de vida laboral o de negocios, efecto ilusorio para el estado que tuvo que invertir en la creación de nuevas entidades con nuevas plantas de personal sin concurso ni competencias, lo que no mejora la eficiencia del estado y solo se convierte en favores políticos sin calidad ni eficiencia y demás principios que promulga la eficiencia del estado

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